Las cinco leyes AMI, una guia hacia un difícil pero necesario empoderamiento mediático
Los medios de comunicación y las plataformas digitales influyen significativamente en nuestra dieta mediática, concentran la capacidad de creación de información e imponen normas que, en muchos casos, nos resultan ajenas y de difícil aplicación. Esta situación, amplificada por el creciente acceso a contenidos digitales y la multiplicación de usuarios en redes y plataformas, pone en peligro nuestras libertades, como el derecho a estar bien informados, a expresarnos libremente y a reconocer la diversidad de ideas y opiniones.
Analicemos este panorama a través de las Cinco Leyes de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) propuestas por la UNESCO. Este conjunto de principios sirve como brújula para que los países, especialmente aquellos con mayores retos en la construcción de ecosistemas mediáticos saludables, puedan robustecer sus políticas y programas para el fortalecimiento de capacidades mediáticas de la ciudadanía.
Estas leyes destacan la importancia de la información y el papel de las personas como agentes críticos y transformadores.
La primera ley resalta la igualdad entre medios, tecnologías e información. Este es un desafío en contextos como el de Colombia, donde la concentración de medios en pocos grupos limita la pluralidad de narrativas. La falta de diversidad mediática y las barreras económicas de acceso a la tecnología hacen evidente la ausencia de una regulación que garantice un acceso equitativo a fuentes alternativas, como bibliotecas digitales y plataformas comunitarias, para enriquecer las opciones informativas.
La segunda ley reconoce a cada persona como creadora de conocimiento e información, sin importar su contexto, raza, género o religión. Transformar la realidad de comunidades locales subrepresentadas es un reto urgente. Para ello, es central promover la creación de contenidos locales y proteger la diversidad cultural, asegurando múltiples canales que amplifiquen todas las voces en el entorno mediático.
La tercera ley pone énfasis en la falta de neutralidad de la información. La desinformación y los sesgos son problemas constantes en medios y plataformas, sobre todo en las de carácter más global. Promover una educación crítica orientada al análisis de la información permite identificar prejuicios y, en combinación con estructuras que fomenten la denuncia efectiva y la acción colectiva, proteger derechos fundamentales.
La cuarta ley entiende la información como un derecho universal que debe ser armónico con otros derechos. Para garantizarlo, es central comprender que los contratos de adhesión y otros términos de uso impuestos por plataformas digitales frecuentemente entran en conflicto con las legislaciones locales. Como ciudadanía, debemos exigir soberanía digital y presionar para que el Estado implemente marcos regulatorios claros, transparentes y exigibles que salvaguarden estos derechos.
La quinta ley describe la AMI como un proceso dinámico. Esto quiere decir que para su despliegue requiere de políticas y programas educativos amplios, enfocados en diferentes edades y sectores, que desarrollen habilidades críticas en el uso de medios e información. Aunque no es un camino rápido ni sencillo, resulta imprescindible generar cuerpos normativos nacionales, inclusivos y multiactorales, que empoderen a las personas para transformar su entorno mediático.
Adaptadas a las realidades locales, las Cinco Leyes de la AMI pueden ser un catalizador para democratizar la información y situar a las personas en el centro como sujetos de acción, capaces de construir una dieta mediática más sana, diversa y equitativa.
¡Únete al debate, reflexiona, comparte y aplica las leyes AMI!
Para más información, visita: https://www.unesco.org/es/media-information-literacy/five-laws