¿Verdad o mentira? Depende de quién lo diga
“A la gente no le importa lo que está leyendo, si está bien o está mal, solo le importa tener la respuesta que buscó”. Esta frase del periodista digital Sergio Jácome, en el podcast Esfera Pública, me dejó pensando. Y es que, en medio de la avalancha de información, muchas veces lo que importa no es la veracidad, sino que el contenido encaje con lo que queremos escuchar.
Los usuarios suelen aceptar lo que publican los medios tradicionales sin cuestionarlo demasiado, mientras que en redes sociales el algoritmo se encarga de perfilar lo que vemos: noticias y contenidos ajustados a nuestros gustos e intereses. Esto, lejos de ampliar la mirada, nos encierra en burbujas informativas que confirman lo que ya creemos.
Lo preocupante es que esta dinámica no solo la aprovechan los medios, sino también la política. Cada vez es más común ver a figuras públicas que tildan de “falso” cualquier reportaje que les incomoda o los deja mal parados, aun cuando existan pruebas sólidas y una investigación rigurosa detrás. En otras palabras, se desacredita al mensajero para no enfrentar el mensaje.
Un caso reciente publicado por la Fundación para la libertad de prensa (FLIP), es el del periodista Felipe Criollo, quien el 5 de febrero de este año publicó un artículo en el que señalaba presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y en el sistema de control interno del municipio de El Tambo, de acuerdo con hallazgos de la Contraloría Departamental de Nariño. El 25 del mismo mes, un fallo judicial ordenó al periodista modificar el titular y aclarar la naturaleza de algunas afirmaciones incluidas en la nota, a raíz de la tutela interpuesta por el alcalde Héctor Fausto Fajardo Enríquez y la tesorera municipal, Aura Yazmín Zamora Andrade. Criollo acató lo dispuesto: reformuló el titular, precisó que ciertas aseveraciones correspondían a opiniones, y notificó oficialmente al despacho sobre los cambios realizados.
Sin embargo, el 3 de septiembre de 2025, los mismos funcionarios presentaron una solicitud de incidente de desacato. Argumentaron que el periodista incumplió el fallo porque, el 1 de septiembre, publicó un nuevo artículo en el que informó que la Contraloría Departamental de Nariño había abierto un proceso fiscal contra la administración municipal.
A partir de esta publicación, los funcionarios no sólo exigieron nuevas rectificaciones, sino que además solicitaron que se ordenara al periodista presentar excusas públicas y que se le aplicará una sanción que podría ir desde el arresto de hasta seis meses, hasta una multa equivalente a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, como lo establece la ley en casos de desacato comprobado.
La FLIP finaliza este artículo, haciendo un llamado a los funcionarios de El Tambo, Nariño, para que «no usen el desacato como forma de acoso judicial y permitan que temas de interés público, como el manejo de los recursos municipales, se discutan abiertamente en democracia». También pidieron al Juzgado Segundo de Familia de Pasto «que garantice que este mecanismo cumpla su función legítima, sin convertirse en una herramienta para frenar el trabajo periodístico ni limitar el derecho ciudadano a estar informado».
Así, terminamos con dos problemas serios: por un lado, ciudadanos que creen en lo que leen solo porque les resulta cómodo, aunque sea cuestionable; y por otro, políticos que hacen perder credibilidad al periodismo con el simple recurso de decir “eso es mentira”. Ambos escenarios erosionan la confianza en la información y debilitan un debate público que debería construirse sobre hechos, no sobre intereses.
Desde Digital-IA los invitamos a que no te quedes con el titular, busca, contrastar y cuestionar. Y cuando escuches a un político gritar “fake news” o «eso es falso», pregúntate primero: ¿es realmente falso lo que se publicó o simplemente le incomoda la verdad?
Referencias: FLIP Esfera Pública Podcast Fundación Gabo
